Por Emilio Grande (h.).- Recientemente, el Tribunal Oral Federal 5 sobreseyó a la vicepresidente Cristina Kirchner y a sus hijos Máximo y Florencia en las causas Hotesur y Los Sauces, que habían sido elevadas a juicio oral hace tres años y cuyo proceso nunca se hizo.
La decisión fue tomada por los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado, quienes consideraron que no hubo lavado de dinero. Por su parte, la jueza Adriana Palliotti votó en disidencia y sostuvo que los planteos debían ser rechazados para que los hechos fueran juzgados en un juicio oral y público. El fiscal Diego Velasco había dictaminado en contra del sobreseimiento y había pedido fijar una fecha para el juicio. El planteo de la Vicepresidente fue resuelto en menos de un mes y cuando todavía había prueba pendiente en la causa. El desenlace se aceleró porque a Grünberg se le vencía la subrogancia el martes pasado.
Los mencionados jueces afirmaron que no hubo delito de lavado de dinero porque los fondos que según la fiscalía se habrían lavado, nunca fueron dinero negro: provenían de contratos con el Estado. Este había sido uno de los principales argumentos de la defensa de Cristina Kirchner. En cambio, la jueza Palliotti dijo que la prueba recabada y los hechos debían ser confrontados en un debate oral y público.
Los hechos de investigación en esta causa son los negocios hoteleros de los Kirchner con empresarios amigos y contratistas del Estado: Lázaro Baéz, Cristóbal López y Fabián De Sousa.
En este contexto, el diputado electo por Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy pidió el juicio político de Grünberg y Obligado. Los acusó de “mal desempeño” de sus cargos y del delito de prevaricato, que castiga con una multa e inhabilitación absoluta perpetua al “juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por él mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas”.
De todas maneras, no es probable que esos juicios políticos prosperen. El kirchnerismo tiene mayoría en el Consejo de la Magistratura, el organismo que controla la actuación de los jueces, y para abrir un proceso es necesario el voto de dos tercios de los consejeros.
Los delitos cometidos en Hotesur fueron investigados inicialmente por los colegas Hugo Alconada Mon y Mariela Arias del diario La Nación. El expediente de Hotesur lo llevó adelante al principio el fallecido juez Claudio Bonadio, quien allanó las oficinas de los hoteles de la familia Kirchner en noviembre de 2014, cuando Cristina era presidente de la Nación. Los jueces de la Cámara Federal Jorge Ballestero y Eduardo Freiler apartaron luego a Bonadio, pero la causa cayó en manos del juez Julián Ercolini. Ballestero y Freiler se fueron más tarde de la Justicia acusados de prácticas corruptas.
Ercolini y los fiscales Ignacio Mahiques y Gerardo Pollicita, que unificaron las causas Hotesur y Los Sauces, llegaron a la conclusión de que se habían usado hoteles y edificios para lavar dinero de la corrupción. Báez y López eran beneficiados con contratos con sobreprecios. El dinero espurio lo recibían en blanco de parte del Estado; parte de ese dinero debía ser convertido en negro para pagar los sobornos -la ruta del dinero K-, y al final tenían que ponerlo en blanco de nuevo para que los sobornos tuvieran otra forma. Para blanquear ese dinero crearon el negocio de los hoteles y edificios. Báez contrataba la administración de los hoteles y les pagaba a los Kirchner un canon anual que superaba cualquier ganancia posible de un simple propietario. Lo mismo hacía Báez con López en Los Sauces.
La corrupción y el lavado de dinero fueron comprobados en primera instancia y confirmados por la Cámara Federal. La Cámara de Casación ordenó que el juicio oral y público se realice, respondiendo a otro pedido de Cristina Kirchner. Pero Obligado y Grünberg decidieron sobreseerla antes de juzgarla. Obligado está al servicio del kirchnerismo y Grünberg es un aliado ideológico de la expresidente.
Sin embargo, es probable que la Cámara Federal de Casación Penal deje sin efecto la decisión de los citados jueces. La Sala I de ese tribunal es la que interviene en el caso y está integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa.
Sobreseer a alguien sin juicio previo cuando el caso ya está en manos de un tribunal oral y público es un contrasentido jurídico y una inmoralidad política. Es una gravísima señal para la cuestionada Justicia y el sistema democrático. Los ciudadanos de a pie estamos cansados de que los poderosos corruptos siguen caminando libres por la calle, mientras van presos los que roban una gallina para comer.
