Por Emilio Grande (h.).- En los últimos tiempos se vienen dando situaciones que buscan atemorizar el funcionamiento de uno de los pilares de la democracia: la función social de los periodistas con el compromiso con la verdad y la mirada crítica hacia las autoridades de los tres niveles.
El hecho más reciente fue el ocurrido el lunes pasado a la noche con el atentado frente a la planta del diario Clarín, en la que nueve encapuchados tiraron ocho bombas molotov sin producir heridos ni daños materiales graves.
Este atentado recibió un amplio repudio del gobierno nacional y de la oposición, como así también de entidades periodísticas al vincular un intento de amedrentar a la prensa y violentar la libertad de expresión, tutelada en la Constitución Nacional.
Por el momento avanza la investigación y se detuvo a uno de los sospechosos, un uruguayo de 44 años. Habría que determinar el móvil sobre si fue solamente un acto de violencia de un grupo de personas por su propia voluntad o actuaron en nombre de algún sector social determinado.
Otro ejemplo de intolerancia hacia el periodismo fue el ministro de Seguridad nacional Aníbal Fernández había comenzado la escalada de amenazas a la prensa cuando advirtió al dibujante Nik de que sabía en qué colegio estudiaban sus hijas.
Por su parte, el gobernador chaqueño Jorge Capitanich opinó que la sociedad vota influida por el periodismo y termina pensando lo que los periodistas tratan de interpretar la compleja realidad, proponiendo una ley para regular la actividad periodística. Sin olvidar que cuando fue jefe de Gabinete de Cristina de Kirchner había roto un ejemplar de Clarín, durante una conferencia de prensa en 2015, respecto a la denuncia del fallecido fiscal Nisman por el caso AMIA.
En el caso de Alberto Fernández había criticado duramente a la entonces presidente Crsitina Fernández en entrevistas televisivas y radiales. Ahora Presidente respetó al periodismo hasta la derrota de las PASO el 12 de setiembre pasado, aceptando graves amenazas contra la prensa delante suyo cuando el intendente de José C. Paz Mario Ishii expresó en un acto público que “un día el pueblo se levantará contra el periodismo, no tengo dudas”. Alberto estaba a su lado y lo aplaudió.
En marzo de este año, una patota sindical se metió por la fuerza en el diario Río Negro y agredió a trabajadores, pintó paredes, pegó afiches y provocó desmanes.
Durante los anteriores 12 años del kirchnerismo en el poder, el discurso contra el periodismo independiente fue una constante, donde medios de comunicación y periodistas sufrieron escraches en forma casi permanente en la sede de las empresas periodísticas o en la vía pública, con el recordado juicio “ético y popular” en Plaza de Mayo con un tribunal encabezado por Hebe de Bonafini.
En octubre de 2014 un grupo de 30 personas identificado con La Cámpora intentó ingresar a la planta de transmisión de Radio Mitre, propiedad del grupo Clarín.
En este contexto, el colega Joaquín Morales Solá opinó esta semana que “la función del periodismo es ser crítico del poder. Pierde su razón de ser si solo sirve para la lisonja. Ningún poder es comparable al poder del Estado, que está en manos del Gobierno, sobre todo cuando es el kirchnerismo el que controla la administración”.
Ciertamente, los medios de comunicación y los periodistas tenemos distintas líneas editoriales, que se pueden compartir en un todo, en parte o en nada de sus contenidos escritos y audiovisuales. Desde ya, siempre hubo, hay y habrá un conflicto casi permanente con el poder de turno. La función periodística es ser un puente entre las autoridades de los distintos niveles y la gente de a pie, por más que muchos o pocos entiendan esta noble misión de informar, opinar e interpretar los hechos de la realidad con idoneidad profesional, respeto por el que piensa diferente y la búsqueda de la verdad.