La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó su preocupación por el «ahogo financiero al que es sometido Diario Castellanos a raíz de una decisión judicial» y solicitó a la Justicia que levante el embargo dispuesto contra sus cuentas de publicidad. Lo hizo en su órgano de difusión mensual donde consigna que «sin desconocer en modo alguno los derechos que asisten a los ciudadanos que pudieran sentir vulnerado su honor por causa de la actividad periodística, Adepa entiende que determinadas resoluciones judiciales pueden, sin proponérselo, producir daños irreparables en medios de prensa».
La entidad que nuclea a los principales diarios de todo el país también sostiene que «en el caso de Castellanos, y más allá de cuáles sean las conclusiones a las que pueda arribar el juez interviniente, es necesario y urgente señalar que en el actual contexto del mercado gráfico y de la ecuación económico financiera de las pymes del sector, el embargo de los ingresos provenientes de la venta de publicidad coloca a las publicaciones en riesgo cierto de desaparición».
«Las restricciones objetivas -continúa el documento- que sufre la capacidad de compra de los argentinos se manifiestan con particular agudeza en el mercado de diarios y revistas del país, y dificultan al extremo el ajuste de los precios de tapa a la curva que describe la evolución general de precios».
Por todo ello «en la estructura de ingresos promedio de la empresa periodística se experimenta una reducción del aporte correspondiente a la venta de ejemplares, en tanto que aumenta la incidencia porcentual de los recursos procedentes de la publicidad».
La postura de la entidad comprometida con la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información es suficientemente clara cuando sostiene que «en este cuadro de situación, el embargo de los ingresos por publicidad del Diario Castellanos priva a esa empresa de recursos esenciales para asegurar su función y continuidad» y cuando dice que «en rigor, los efectos de la medida judicial preventiva constituyen en la práctica un duro castigo anticipado que puede terminar con el segamiento de la empresa periodística».
La entidad concluye su pronunciamiento solicitando a la Justicia que revea la resolución que sigue vigente a pesar de su carácter abusivo y al pedido formulado por este diario. «Frente a esta grave perspectiva, Adepa solicita al juez actuante que atienda estas consideraciones y analice medidas alternativas sobre otros bienes del demandado, que garanticen la ejecución de una eventual sentencia favorable al actor sin desmedro del normal funcionamiento de Castellanos», expresa.
Un abuso que sigue vigente
El embargo preventivo de las cuentas de publicidad de este diario fue dispuesto a principios del mes de enero por la jueza Beatriz Abelle, quien hizo lugar a la solicitud del apoderado de la Asociación Médica del Departamento Castellanos, el abogado Roberto Tessio, quien querelló por calumnias e injurias en dos oportunidades a Castellanos por difundir la noticia de que la Cámara de Apelaciones del fuero Civil, Comercial y Laboral detectó una presunta representación simultánea de partes en un mismo conflicto, lo que el Código Penal tipifica como prevaricato por parte de un miembro de su estudio jurídico, la abogada María José Álvarez Tremea.
La irregularidad se habría producido en el litigio protagonizado por las firmas Luis María Barreiro SA y Policlínico Rafaela SA y dio lugar a la instrucción de una causa judicial.
El abogado querellante pidió a la jueza de turno que embargue preventivamente las cuentas publicitarias del diario, requerimiento al que la jueza Beatriz Abelle accedió, muy probablemente, sin tener en cuenta el daño que la resolución provocaría no solamente a la empresa editora sino a la comunidad en su conjunto puesto que pone en riesgo una fuente de información reconocida a la que acceden diariamente miles de rafaelinos y de habitantes de la región, la provincia y el país.
Supresión de una fuente de información
La medida adoptada puede ser considerada desde distintos puntos de vista como apresurada y hasta desmedida, puesto que Castellanos simplemente se limitó a informar sobre la apertura de una investigación judicial sobre presunto prevaricato, investigación que dio inicio a raíz de una resolución de la Cámara de Apelaciones del fuero Civil, Comercial y Laboral.
En ningún momento este diario imputó al abogado querellante y sus asociadas delito alguno y mucho menos aseveró que fueran responsables del mismo, algo que deberá dirimir la Justicia.
Castellanos tampoco negó derecho a réplica a los profesionales involucrados ni adelantó que se negaría a publicar la sentencia que dicte el juez Osvaldo Carlos en su momento, razón por la cual no se entiende por qué la Justicia hace lugar a cada una de las exigencias del abogado querellante, al parecer sin importarle las consecuencias que tengan estas, no solamente para la empresa editora, sus trabajadores y la comunidad en general, dado que es el único medio que informa sobre la causa por prevaricato y si se lo suprime, los ciudadanos perderán la única fuente con que cuentan para interiorizarse sobre la tramitación del caso.
Fuente: diario Castellanos, 7 de mayo de 2007.
