Por Joaquín Morales Solá.- Algo subyacente, casi imperceptible, está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia y puede significar un cambio profundo y definitivo. Ese tribunal, la máxima instancia judicial del país, tiene como función elemental revisar la constitucionalidad de las decisiones de los otros dos poderes del Estado (el Ejecutivo y el Legislativo) y de los jueces de instancias inferiores. Es el tribunal, en definitiva, que interpreta de manera inapelable si la nación política respeta –o no– su Constitución, que es a su vez el único contrato unánime de los argentinos. Lo hace con grandes o con pequeñas sentencias, crea jurisprudencia, resguarda las garantías constitucionales y ordena el a veces desordenado territorio de la política. Por eso es importante cómo se conduce ese tribunal y quién o quiénes lo conducen.
El actual presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, terminará su actual mandato de tres años con el último día de septiembre. Otra elección, menos bulliciosa y más austera que la legislativa, está ocurriendo en la cima misma del Poder Judicial. La probabilidad más grande es que el juez Horacio Rosatti suceda a Rosenkrantz como presidente de la Corte, aunque ninguna elección está terminada hasta que la votación no ha concluido. Es así aunque los votantes sean solo cinco, como es el caso de la Corte. Rosatti fue constituyente en el 94. Sus amigos subrayan su apego al espíritu y a la letra de la Constitución. ¿Es necesario hacerlo? “Hubo una campaña en los últimos días para mostrarlo como antiliberal”, contestan. La votación sucederá dentro de los próximos diez días. La primera certeza es que el expresidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, que aspiraba a un nuevo mandato al frente del tribunal, no volverá a liderarlo. Lorenzetti fue el último presidente de la Corte con un inmenso poder dentro de la Justicia, ya sea porque administraba los tiempos de la Corte o por su influencia en los jueces de los tribunales inferiores, sobre todo los de la Justicia Federal de Comodoro Py.
Al revés, a Rosenkrantz le tocó presidir una Corte en la que las decisiones fueron siempre consensuadas. A muchos les pareció que Rosenkrantz era solo un paréntesis entre dos liderazgos fuertes. Tal vez entre dos liderazgos del propio Lorenzetti. No será así. Si fuera Rosatti el nuevo presidente de la Corte o en el caso menos probable de una reelección de Rosenkrantz, el tribunal seguirá con el estilo colegiado de los últimos tres años. El mismo Rosenkrantz terminó aceptando que ese método consensual, con el que no estuvo de acuerdo al principio, es mejor que un liderazgo absoluto y decisivo. “No habrá más un zar de la Justicia”, dice un funcionario judicial que frecuenta al máximo tribunal.
La política prefiere un zar, quizás porque se siente más cómoda con un solo interlocutor. Sea por lo que fuere, jueces, empresarios y políticos oficialistas y opositores trataron de influir en los últimos tiempos para que Lorenzetti regresara a la principal poltrona de la Corte. Tales gestiones no han cesado. Era el candidato de muchos funcionarios de Alberto Fernández (el propio Presidente se reunió con él al menos una vez) y de algunos dirigentes macristas. Ciertos empresarios llamaron a jueces de la Corte hasta el viernes último. La respuesta de los jueces supremos fue la misma para todos: esta elección es una cuestión exclusiva de cinco personas. Otra respuesta es habitual entre los jueces de la Corte: “El método colegiado y consensual llegó para quedarse. No lo cambiaremos”. Lo que parecía un paréntesis con Rosenktantz se convirtió en una tendencia definitiva. Es un cambio significativo.
Algunos jueces de la Corte subrayan la importancia de que Rosenkrantz esté llegando al final de su mandato. Lo cumplirá hasta el último día. ¿Raro? ¿Por qué? “Hubo un intento de golpe de Estado cada tres meses en estos tres años”, señala un funcionario del tribunal. Magistrados de la Corte llegaron a sentirse amenazados físicamente y con sus familias en peligro. Es común entre ellos hablar de “operaciones periodísticas” (lo que es una aberración, porque si es una operación no es periodismo) para desestabilizar a Rosenkrantz y para desgastar a otros miembros de la Corte. Pero es cierto que hubo supuestas notas periodísticas que destrataban a Rosenkrantz, a Rosatti y hasta a Juan Carlos Maqueda. La tensión era palpable entre los miembros del máximo tribunal.
El papel que jugó Maqueda en este proceso de cambio fue significativo. Su voz es escuchada por los otros jueces porque es el juez decano de la Corte, pero sobre todo porque él no aspira a presidir el tribunal. Ya fue como senador presidente de otro poder del Estado, el Legislativo, en la crisis política e institucional más grave que vivió el país desde la restauración democrática, en 2001 y 2002. Suficiente. Maqueda se apartó de Lorenzetti, con quien había tenido tiempos de muchas coincidencias, aunque también de ciertas disidencias. De hecho, Maqueda fue el único miembro de la Corte que votó por la reelección de Lorenzetti cuando Rosenkrantz fue elegido presidente, en 2018. Pero se cansó. Prefiere un tribunal integrado por jueces en permanente consulta entre ellos que uno liderado por una sola persona.
Lorenzetti había trabajado especialmente la relación con los jueces federales de Comodoro Py, aunque no con todos. O no todos se dejaron seducir. Esos jueces son los más iridiscentes del país porque investigan e instruyen las causas que involucran al poder político, fundamentalmente la corrupción. Lorenzetti les dio a esos jueces federales, o a algunos de ellos, el control de la crucial oficina de escuchas telefónicas. Esa oficina pasó a la Corte Suprema para que sus actos (nada menos que escuchar las conversaciones telefónicas de ciudadanos bajo sospecha) fueran transparentes. Jueces y fiscales de Comodoro Py terminaron nombrando a familiares y amigos en esa oficina. El presidente de la Corte tiene ahora poco poder sobre esa dependencia fundamental. Ese es otro cambio que podría suceder. De todos modos, es una mala práctica que la Corte Suprema influya sobre los jueces de instancias inferiores, porque el máximo tribunal es el que revisará finalmente la gestión de esos magistrados. “Los jueces federales se acomodan. Y se acomodarán cuando vean que las cosas han cambiado para siempre en la Corte”, dicen en oficinas de los jueces supremos.
El poder, la independencia y el prestigio de la Corte Suprema son indispensables para que funcione bien el sistema político y para garantizar las libertades y garantías de los ciudadanos comunes. El espectáculo de Nicaragua es desolador cuando la Justicia dependiente de la déspota diarquía que gobierna ese país, la de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ordenó la prisión del escritor Sergio Ramírez. Ramírez es un escritor exquisito, una persona honorable y un hombre bueno, que cometió el delito de denunciar la tiranía que se abatió, otra vez, sobre su país. El gobierno de Alberto Fernández tiene la oportunidad de tomar distancia de Ortega. Solo necesita hacer una cosa: pedirle a Ortega que deje de perseguir a un escritor que solo tiene el poder de la palabra.
El poder de la palabra es al que más temen los autoritarios. Cristina Kirchner dijo en el acto de cierre de campaña que había mirado “a Macri en su canal”, en una clara referencia al canal de televisión de La Nación. Esa versión es una mentira premeditada y con real malicia, porque ella sabe que no es cierto. El rumor que vincula a Macri con LN+ es una mentira interesada desde el principio, que ofende al periodismo independiente. Censurar o difamar a los que solo tienen el poder de la palabra es la práctica más común de los que no creen en las libertades. O de los que le temen a la libertad. Con la amenaza de cárcel para un escritor o con la calumnia a un medio periodístico, con la abolición de la palabra, es como empiezan y terminan las dictaduras.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/
