Por Emilio Grande (h.).- En distintos ámbitos públicos y privados en la Argentina, y también en otros países, buscan avanzar con la obligatoriedad de la vacuna contra el covid-19, bajo el disfraz de “pasaporte sanitario”.
Como en otras situaciones de la vida, hay dos polos bien marcados: los que están a favor de vacunarse y los que están en contra de esta vacuna, que según los expertos de ambos lados es de carácter experimental, todavía no se conocen a fondo los efectos positivos o negativos sobre su aplicación. Distinto es el resultado que tuvieron otras vacunas contra el cólera, la hepatitis, la gripe, el sarampión, la meningitis, la neumonía, la poliomielitis, la rabia, el tétano, la varicela, entre otras.
A decir verdad, se desconoce el contenido de las distintas vacunas existentes y en caso que provoque algún daño, efectos adversos o muerte, como han ocurrido en muchos países, el Estado ni los laboratorios se hacen responsables. Según cienciaysaludnatural.com, estas vacunas produjeron más de 40.000 muertes y 3.600.000 lesionados por reacciones adversas en el mundo.
En este contexto, la Unión Industrial Argentina (UIA) propuso a sus socios a dejar de pagar el sueldo o la asignación remunerativa que estén recibiendo a los trabajadores que no vayan a trabajar porque no quieren vacunarse y no puedan teletrabajar debido a la especificidad de su función. “Nadie puede obligar a nadie a vacunarse, pero tampoco nadie puede obligar a una empresa a reinsertar a un trabajador que puede ser un riesgo para la comunidad en el ámbito laboral”, dijo su presidente Daniel Funes de Rioja.
El gobierno nacional recordó que la vacunación contra el coronavirus es «optativa» y rechazó el carácter punitivo que desde UIA plantearon para que apliquen las empresas a los empleados que desistan de inmunizarse. El jefe de Gabinete Santiago Cafiero sostuvo que «no debería existir ninguna política sanitaria dictada desde las empresas».
Lamentablemente, el gobernador Gerardo Morales decretó la obligatoriedad de contar con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus en el caso de los trabajadores estatales provinciales y de quienes pretendan utilizar el transporte público de pasajeros, con reacciones contrarias de los jujeños.
Matías Cremonte, expresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), relativizó la potestad sancionatoria en estudio: “más allá de lo que cada uno piense del que no se quiere vacunar, hoy no hacerlo es todavía un derecho. Nadie debería ser sancionado o despedido de su trabajo por no hacerlo”.
La provincia de Santa Fe implementaría un pasaporte sanitario para algunas actividades una vez que avance con las dos dosis el plan de vacunación contra el coronavirus en Santa Fe. “Cuando todo ese proceso esté cumplimentado, sin duda porque el que queda afuera será el que no ha querido vacunarse teniendo la disponibilidad y por lo tanto, nos está poniendo en riesgo a todos”, dijo el gobernador Omar Perotti.
En Francia entró en vigor el discutido pasaporte sanitario de Emmanuel Macron para ingresar a bares, restaurantes, cines, teatros, hospitales y trenes, autobuses o aviones. La medida fue resistida por una parte de la población que llenó las calles de distintos puntos bajo la convicción de que esta disposición establece una «dictadura sanitaria».
Desde el punto de vista jurídico, la Constitución Nacional establece en su artículo 19 que “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
El Código Penal es claro en su artículo 149 bis: “Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.
Para que la vacunación sea impuesta en forma obligatoria deberá ser por decreto presidencial y ratificada por el Congreso Nacional, en el marco de la cuestionada emergencia sanitaria. Con esta pandemia-plandemia, están en juego las libertades individuales y las garantías constitucionales.
En este programa radial fueron entrevistados los médicos Mariano Arriaga, Matelda Lisdero y Raúl Brinckhaus, y Víctor Corcoba Herrero, pero las entrevistas no se pudieron subir a YouTube por sus contenidos inapropiados con información médica errónea. Viva la libertad de expresión. ¿Vamos hacia una dictadura en las redes sociales?
Por todas estas situaciones, la gente está saliendo a la calle en distintos lugares del país, exigiendo un debate médico científico y el no a la vacuna obligatoria.
Un grupo de vecinos presentó notas al Municipio y el Concejo de nuestra ciudad y en la Comuna de Susana, pidiendo se informe sobre las vacunas del proceso experimental, si contienen óxido de grafeno o algún compuesto derivado, la no obligatoriedad, las edades (especialmente los niños), la utilización del test PCR, los pacientes diagnosticados con COVID-19 que fueron intubados, los pacientes intubados que murieron, la tecnología 5G.
Este lunes 16 de agosto a las 15:00 horas habrá un acto en la plaza 25 de Mayo de Rafaela con gente de diversas ciudades.
