El agravamiento de la crisis institucional en La Rioja, por causa de la suspensión del gobernador Angel Maza y su reemplazo transitorio por el vicegobernador Luis Beder Herrera, es la demostración más acabada de la falta de límites y escrúpulos en la lucha interna del Partido Justicialista para controlar el poder político provincial. No hay nada que justifique el accionar de una facción política movida por la ambición y la venganza para forzar una crisis que ha colocado al Estado provincial en una gravísima situación de inestabilidad e inoperancia.
A pesar de la complejidad de este cuadro y de la fragilidad de las instituciones riojanas, es la provincia la que tiene que encontrar una solución con el fin de normalizar la situación con las herramientas que le brinda su propia Constitución.
No obstante la gravedad institucional, no están dadas las condiciones establecidas por la Constitución nacional para que el gobierno federal disponga la intervención, como absurdamente reclamaba el gobernador suspendido para su propia provincia. Por eso, hay que celebrar la decisión de la administración del presidente Néstor Kirchner de no haber cedido, al menos hasta ahora, ante los reclamos de Maza, quien sólo parecía perseguir su salvación personal sin importarle, entre otras cuestiones, la pérdida de autonomía de su provincia.
La Constitución nacional establece que el objetivo de una intervención federal debe ser preservar el orden constitucional de la provincia -sostener al mandatario o reponerlo en su cargo si fuese depuesto por sedición-, o para prevenir un ataque externo. Hoy no se da ninguna de esas dos condiciones, porque más allá de lo cuestionable que han sido los manejos políticos de los últimos tiempos, Maza fue suspendido de acuerdo con los mecanismos previstos por la constitución provincial.
Los violentos incidentes en los alrededores de la sede gubernamental riojana y en su propio interior, donde hubo heridos por las refriegas entre seguidores de Maza y la policía, comenzaron luego de que la sala acusadora de la Cámara de Diputados declaró procedente iniciar los mecanismos de juicio político contra el mandatario provincial por una irregular enajenación de tierras públicas. Con la aprobación de la suspensión se puso fin a 11 años y tres meses de gobierno ininterrumpido de Maza, del que Beder Herrera, ahora en sus antípodas, formó parte.
Una vez que concluyó la sesión legislativa, Beder Herrera anunció que asumía de inmediato la gobernación y convocó a elecciones para dentro de 120 días, en las que él se presentará como candidato. Para ello será necesario que la Cámara de Diputados reforme una ley que establece que los comicios serán en octubre próximo. La tensión se elevó cuando Maza resistió la decisión, atrincherándose en su despacho, y policías provinciales actuaron con gases lacrimógenos para desalojar la sede gubernamental, siendo repelidos por los seguidores de Maza con piedras lanzadas desde el Salón Blanco. Finalmente, Maza abandonó ayer la Casa de Gobierno, lo cual ayudó a reducir la tensión, y de inmediato fue ocupada por Beder Herrera.
El origen del enfrentamiento entre el gobernador y su vicegobernador, que derivó en esta lamentable crisis institucional, hay que buscarlo en la determinación de Maza de intentar un cuarto mandato como gobernador, lo cual cerraba el camino a las aspiraciones de Beder Herrera para sucederlo en diciembre próximo. Más allá de que haya pruebas suficientes para destituir a Maza por las denuncias de corrupción, que llevaron a los diputados que responden a Beder Herrera a iniciar el mecanismo de juicio político, todo lo actuado hasta ahora indica que semejante crisis política e institucional tuvo su origen en la lucha despiadada por el control del poder.
Los acontecimientos vividos en la provincia norteña en los últimos meses han demostrado que sus gobernantes desconocieron el principal objetivo que los debe mover: velar por el interés del Estado y de sus habitantes, procurar su desarrollo armónico, mejorar el nivel educativo y sanitario, asegurar la justicia y la paz, entre otros sabios preceptos fijados en la Carta Magna y en la letra de las constituciones provinciales. Frente a ello, los ciudadanos debemos utilizar todo el poder que nos otorga la Constitución para desterrar de la política argentina los intentos de algunos dirigentes de apoderarse de las estructuras del Estado y de usar a las provincias, en este caso La Rioja, como si fueran de su propiedad.
La confrontación intestina perjudicó claramente a los riojanos, quienes han permanecido ajenos a estas disputas palaciegas con la sensación de haber sido usados en los últimos años por los dos bandos. Los reprobables ejemplos que provienen de La Rioja en nada ayudan a la necesaria reconciliación de la sociedad con sus dirigentes políticos, cuyo objetivo tiene que ser la consolidación del sistema republicano y de los mecanismos de participación democrática.
Fuente: diario La Nación, 15 de marzo de 2007, editorial.
