La secuencia se repite una y otra vez en las series y películas norteamericanas: doce personas evalúan las pruebas de la fiscalía y sopesan los argumentos de la defensa, luego deliberan en privado y finalmente dan su veredicto: determinan si el acusado es culpable o inocente. El recurso funciona siempre. ¿Cómo olvidar acaso la sagacidad de un abogado como Tony Petrocelli, capaz de convencer a cualquier jurado, o la trama vibrante de Doce hombres en pugna , con un Henry Fonda que examina incansablemente las evidencias del caso hasta dar con la verdad?
Trasladada a la realidad argentina, ¿podría esta forma de buscar justicia, que tantas veces hemos visto en la televisión, ser aplicada con éxito?
El sistema judicial argentino resiste a duras penas. Sentencias que son severamente cuestionadas, jueces a los que se acusa de corruptos y pilas de expedientes que se acumulan sobre los escritorios sin resolución pintan el cuadro de una decadencia que lleva décadas. Pocos en el ambiente judicial negarían con fundamentos convincentes que por los pasillos de tribunales deambulan la vergüenza y un preocupante descrédito. Y que el poder judicial exhibe, además, un notorio divorcio de la sociedad. Se trata, de hecho, del único poder del Estado donde se extraña la participación del ciudadano común.
Sobre este telón de fondo, los juicios por jurados, una institución presente en nuestra Constitución desde 1853 y que se aplica en la mayoría de los países desarrollados del mundo, ha sido señalada como el remedio que calmará todas las angustias. ¿Será así? ¿Son los juicios por jurados la solución para los males de la cuestionada justicia argentina?
Para la mayoría justicialista en el Congreso, los tribunales populares le devolverán la credibilidad que añora recuperar. Su principal difusora, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, presentó un proyecto para que los delitos con penas privativas de la libertad de ocho años o más sean juzgados por jurados compuestos por ciudadanos. En diciembre pasado el proyecto estuvo a punto de ser aprobado y este año electoral podría ser el caballito de batalla de la primera dama en el Parlamento.
Pero mientras el oficialismo y un variado abanico de legisladores de distintos colores políticos, además de destacados criminalistas y procesalistas, lo presentan como la solución a todos los males, vale la pena preguntarse si la sociedad argentina está preparada para convivir con una institución ajena a nuestras raíces y que sólo ha visto por TV. Después de todo, el mismo argumento de quienes están a favor de los jurados -que es una deuda de más de cien años con nuestros constituyentes- puede invertirse: si no se usó durante tanto tiempo, ¿no es caprichoso querer implementarlo ahora?
Hay otras preguntas que afloran de manera ineludible al analizar la cuestión. Por ejemplo: ¿qué nivel de compromiso mostrarán personas que deben pasar varios días recluidas en un hotel, lejos de su familia y de sus obligaciones, cuando más del 50 por ciento de los votantes se excusa a la hora de ser fiscal de mesa? ¿Qué autoridad para ser jurado tiene una persona que paga una coima en la calle? ¿Puede acaso juzgar a otro? ¿Serían en la Argentina más influenciables los ciudadanos por parte de los medios, los acusados y los familiares de las víctimas que en países donde están aislados casi completamente?
El analista Rosendo Fraga, director del centro de estudios Unión para la Nueva Mayoría, tiene sus dudas al respecto. «En general -dijo a LA NACION-, la gente apoya los juicios por jurados porque percibe este sistema como más democrático y participativo, y porque a través del cine y la TV se ha popularizado. Pero este apoyo es una actitud teórica que en el momento de los hechos puede revertirse. Convocados para integrar un jurado, muchos se resistirían por las incomodidades que implica.»
Para salvar ese escollo para nada menor, el proyecto oficial define al jurado como una carga pública de la que nadie puede excusarse salvo en casos excepcionales. Pero este punto promete traer cola. En una encuesta del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, la mayoría de los entrevistados opinó que la convocatoria para integrar un jurado debería ser voluntaria: el 64% se inclinó por esa opción frente a un 32,1% que sostuvo que debía ser obligatorio.
Peores fueron los resultados a la hora de evaluar la relación del juicio por jurado con la cultura de nuestro país: el 66,3% consideró que el sistema no se adapta a la cultura de los argentinos. Así y todo, si debe elegir entre un juez profesional y un vecino, la mayoría prefiere ser juzgada por sus pares (46,8% frente a un 30,9% que elegiría a un juez y a un 18,3% que dijo que dependía del caso). La mayoría (56,5%) opinó además que la justicia funcionaría mejor si se implementara el juicio por jurados, y que así habría menos corrupción (66,3%).
Andrés Harfuch, director del Programa de Juicio por Jurados y Participación Ciudadana del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), está convencido de que el jurado popular terminará con la crisis del sistema penal y tendrá un efecto pacificador al apaciguar los enormes reclamos sociales. «La mejor encuesta que podemos mirar es el caso de la provincia de Córdoba. Allí, la gente participa y está muy satisfecha. Algunos dicen que encarecerá la justicia, pero en Córdoba lo usan y hay superávit fiscal».
Con la sanción de la ley 9182, Córdoba fue la primera provincia del país en cumplir con el mandato constitucional, y la Cámara del Crimen de San Francisco, el primer tribunal en llevar adelante un juicio de estas características. Sólo que no son doce los ciudadanos sentados en un estrado sino ocho más tres jueces de carrera, ya que se optó por el llamado jurado escabinado, o impuro. La gente debe fallar en casos de corrupción, homicidio agravado y abuso sexual seguido de muerte, entre otros delitos.
«La gente aprendió que el que condena no es el juez sino las pruebas, y que la sociedad toda debe comprometerse para que el Poder Judicial pueda responder al reclamo de justicia que impera en todo el país ante la proliferación de hechos cada vez más violentos», dijo Eduardo Soria, coordinador de la Oficina de Jurados Populares de Córdoba. Más aún, Soria considera que en la provincia la sociedad ya «no ve el cargo de jurado popular como una imposición de la ley sino como un derecho que la misma le da y exige la aplicación del sistema». La experiencia cordobesa parece ser altamente exitosa. Así surge de una encuesta realizada por Laura Croccia, del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, que depende del Poder Judicial, entre 121 personas que actuaron como jurados en juicios penales. El 97% de los encuestados calificó el hecho de haber participado como jurado como una experiencia muy positiva o positiva (66% y 31%, respectivamente), y la mayoría mejoró su opinión sobre la justicia luego de haber participado como jurado: el 19% tiene una opinión excelente, el 52% muy buena y el 27% buena.
Para Harfuch, más allá de lo que digan las encuestas, no hay mucho para discutir, salvo las características que se le dará a la versión argentina del tribunal ciudadano. «La constitución decidió este tema por nosotros hace mucho tiempo. Los constituyentes, en 1852, querían terminar con la justicia española del lenguaje complicado y el expediente ininteligible. Influenciados por el Iluminismo, establecieron la justicia oral y pública con la participación del ciudadano», explicó el defensor general de San Martín.
La determinación de los constituyentes sobre el tema fue notoria: el jurado popular es la institución más mencionada en la Constitución. Está en el artículo 24, entre los derechos y garantías, en el 75 inciso 12 sobre la forma de gobierno del Poder Judicial, y en el 118, que regula la organización de la Justicia. De todas formas, es claro que el proyecto que impulsa la esposa del Presidente no está lejos de la polémica por ciertos detalles que lo alejan de la tradición anglosajona. Es lo que sucede con el artículo que indica que el imputado no puede renunciar al procedimiento. En el proyecto original del ahora embajador en México, Jorge Yoma, se preveía que la figura sería opcional. La versión K conmina al acusado a aceptar lo que decidan las 12 personas del jurado.
Héctor Polino, ex diputado socialista que durante su mandato impulsó una consulta popular para saber si la sociedad quería ser juzgada por sus pares, dijo que «las personas con conocimiento técnico están en mejores condiciones que los legos para valorar la prueba e interpretar la ley». ¿Qué pasaría -se preguntó- si se repitiera el mortal error del famoso caso Sacco y Vanzetti? «Eran dos inmigrantes italianos que fueron declarados culpables en un juicio en Estados Unidos y ejecutados en 1927, tras lo cual se comprobó que eran inocentes y que habían sido víctimas del odio social». En realidad, si la intención es buscar errores, no hace falta ir tan lejos en el tiempo. El Tribunal Superior de Colorado, en EE.UU., rechazó hace dos años la pena de muerte para un hombre condenado por violar y matar a una camarera porque miembros del jurado basaron su decisión en párrafos de la Biblia. Ojo por ojo, diente por diente, razonaron. Y en España -donde el sistema funciona desde 1995- el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó repetir un juicio con jurado popular en el que se absolvió a cuatro hombres acusados de matar y descuartizar, en abril de 2004, a un hombre con el que compartían un departamento en Alcalá de Henares.
Como sea, ni a un juez ni a un tribunal civil se les puede exigir infalibilidad. La clave del jurado, dicen sus adeptos, es que es más difícil que se equivoquen doce personas que una.
¿Influenciable yo?
El año pasado, el británico Tony King fue condenado por un tribunal popular de Málaga, en España, por la muerte de una joven en 1999. Durante el juicio hubo sospechas de que un periodista había mantenido conversaciones con los jurados y el proceso corrió el riesgo de ser impugnado por los defensores de King. El caso refleja una de las grandes incógnitas: ¿cómo se detendrá la voracidad mediática en casos tan populares como, por citar un ejemplo actual, el de María Marta García Belsunce? Evidentemente, de aprobarse el sistema, los ciudadanos deberán soportar fuertes presiones de los medios de comunicación, sin olvidar la que ejercerán los acusados y los familiares de las víctimas. Hernán Gullco, director del área de litigios de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), no reniega de esa realidad. Razona que tampoco los jueces viven dentro de una burbuja y, por lo tanto, debería protegérselos de influencias indebidas. «Por eso -señaló- en EE.UU. existe la posibilidad de que el jurado no vuelva a su casa mientras dure el proceso y se les sugiere no leer el diario».
Juan Carlos Blumberg, uno de los responsables de que el tema se instalara nuevamente en la agenda pública, confía en la gente. «Si el juicio por la muerte de su hijo Axel se hubiera hecho con jurados, las condenas a los asesinos hubieran sido justas», dice hoy, desconforme con las penas que aplicó el tribunal del caso.
En este sentido, muchos se preguntan precisamente si el resentimiento de la gente hacia la justicia no provocará que las primeras sentencias tengan un fuerte tufillo revanchista. El mismo Blumberg arremete: «La gente va a ser más dura (que los jueces) porque se quiere proteger, no quiere que a ellos les pase lo mismo».
Históricamente, cierto sector progresista ha hecho públicos sus temores a que el jurado sea muy severo contra los imputados, y especialmente con los pobres. «Esto no merece el menor análisis -dice el abogado Ricardo Caballero, coautor del libro Justicia y Participación , el juicio por jurado en materia penal -. El pueblo de Río Cuarto no salió a pedir el linchamiento del pintor imputado injustamente por el crimen de la mujer del country de Villa Golf, ¡salió a pedir un juicio justo! No hay que temer a las valoraciones de la gente».
Un apasionado defensor del juicio popular, Gabriel Nardiello, fiscal criminal en lo correccional, reconoce que no va a ser fácil torcer décadas de desinterés por la cosa pública. «La falta de compromiso con la democracia nos costó muertos. El argentino es así porque siente que, haga lo que haga, las cosas no van a cambiar, pero cuando se dé cuenta de que su intervención va a cambiar las cosas, se va a comprometer.»
¿Será esta una visión demasiado optimista? ¿Funcionará esta nueva forma de resolver un conflicto ajena a nuestras tradiciones? Sarmiento, Mitre y Quintana así lo creyeron. En los últimos años, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Panamá y Puerto Rico comenzaron a usar este sistema. Brasil juzga los homicidios con jurados desde hace más de 200 años. Sólo el tiempo -y quizás también las conveniencias electorales- dirán si la Argentina verá a doce personas declarando culpable o inocente a un acusado.
Algunas claves
Un jurado popular de 12 miembros decidirá sobre los delitos con penas privativas de la libertad con un máximo de ocho años o más de prisión o reclusión.
Entre los requisitos para integrar el tribunal figuran tener entre 21 y 70 años de edad, contar con el pleno ejercicio de los derechos políticos y saber leer y escribir.
La función de jurado es una carga pública, y habrá sanciones en caso de inasistencia o falseamiento de la verdad.
En casos de alta exposición mediática, el juez podrá disponer que los doce integrantes titulares del jurado y los seis suplentes sean alojados en lugares especiales para evitar el contacto con terceros.
La Cámara Nacional Electoral elaborará cada año un registro de ciudadanos aptos para ser jurados. Luego, a partir de una lista elaborada por sorteo de 36 ciudadanos, los defensores y el fiscal podrán recusar sin causa hasta un máximo de cuatro jurados, cuya identidad se mantendrá bajo reserva.
Fuente: suplemento Enfoques, diario La Nación, Buenos Aires, 4 de marzo de 2007.
