Por Joaquín Morales Solá.- La Argentina podría haber contado hasta fines de este mes con ocho millones de dosis de la vacuna Pfizer. Significa que casi un 20 por ciento de la sociedad argentina estaría vacunada con ese inmunizante, o casi un 10 por ciento, si se consideran las dos dosis de esa vacuna. Es el doble del total de la población vacunada hasta ahora. Esta es la revelación más importante que hizo este martes ante el Congreso el director general de Pfizer para la Argentina, Nicolás Vaquer. Esos ocho millones de dosis hubieran llegado entre fines del año pasado y el segundo trimestre de este año. El resto, poco más de cinco millones de dosis, llegarían en el último trimestre. El total de vacunas que Pfizer se comprometió a entregar ante el gobierno argentino fue de 13,2 millones de dosis, tal como lo anticipó LA NACION hace varias semanas. LA NACION había informado de 13,3 millones de dosis; el error se reduce a 100 mil dosis.
El Presidente debería hacer, otra vez, una reflexión sobre las cosas que dice. La afirmación de Vaquer desmiente la suposición de Alberto Fernández, quien hace unos días señaló que tuvo la impresión de que Pfizer no quería firmar el contrato porque no podría cumplir con el compromiso hasta no abastecer totalmente al mercado norteamericano. El hecho desconocido hasta ahora era que el laboratorio les había entregado a las autoridades argentinas un programa preciso de envíos de vacunas. ¿Por qué el Presidente infirió que el laboratorio incumpliría su compromiso? ¿Por qué, si la única vacuna que sí tiene un compromiso con el Estado norteamericano es Moderna, porque su inmunizante fue financiado casi íntegramente con fondos públicos? ¿Por qué, si Pfizer había hecho en la Argentina el ensayo más grande del mundo en el proceso de investigación y desarrollo de la vacuna, que incluyó la inoculación a 5762 argentinos en el Hospital Militar? Las suposiciones son suposiciones. Los hechos son los que contó ayer el máximo directivo de Pfizer en la Argentina.
Es cierto que en esos momentos, entre julio y octubre del año pasado, el Gobierno estaba negociando con muy buenos resultados con el laboratorio AstraZeneca, que aceptó tener un socio local y eligió al empresario farmacéutico Hugo Sigman para que fabricara aquí el principio activo de la vacuna. Según acaba de reconocer el exministro de Salud Ginés González García ante el periodista Pablo Sirven, él tiene una vieja amistad con Sigman. El principio activo se trasladaría luego a México para su separación y envasado en el laboratorio Liomont. El multimillonario mexicano Carlos Slim aportó 200 millones de dólares para esa investigación con la condición de que las vacunas se distribuyeran en América Latina. Sin embargo, el laboratorio mexicano tuvo problemas con los insumos norteamericanos en momentos en que los Estados Unidos sufrían una devastadora ola de Covid-19. Después, AstraZeneca tomó la producción argentina-mexicana y la destinó de acuerdo a sus conveniencias. Aunque la Argentina pagó por anticipado 60 millones de dólares a AstraZeneca, esa vacuna demoró (y demora) mucho en llegar. Pero el gobierno norteamericano dispone de 40 millones de dosis del inmunizante de AstraZeneca que no puede aplicar porque no está todavía autorizado por la FDA, el organismo norteamericano de control de medicamentos. Es evidente que AstraZeneca prefirió competir por el mercado norteamericano con Pfizer, Moderna y Janssen antes que cumplir con los contratos que ya había firmado. Por su parte, la Unión Europea le inició un juicio por incumplimiento de contrato; sospecha que AstraZeneca privilegió la vacunación en Gran Bretaña, uno de los países con mayor porcentaje de población inmunizada y donde ese laboratorio tiene su casa matriz.
Vaquer dijo ayer que el gobierno argentino no pidió sobornos ni “intermediarios”. En rigor, nunca se habló de pedido de sobornos, salvo una frase que se le atribuyó a Patricia Bullrich, según la cual funcionarios argentinos habrían reclamado “retorno”. Bullrich insiste en que nunca pronunció esa palabra (“retorno”), pero ratificó que el entonces ministro González García pidió “transferencia de tecnología”. El reclamo de tal transferencia fue confirmado por fuentes oficiales y por exfuncionarios del Ministerio de Salud. Ese eufemismo encierra el pedido de un socio local: ¿a quién se le haría, si no, la transferencia de tecnología? Es imposible, en efecto, que el gobierno argentino haya pedido que existieran “intermediarios”; la diagonal que eligió Vaquer para escapar de una denuncia es exacta. Pfizer tiene oficinas e industria locales; produce aquí muchos medicamentos de consumo popular. ¿Para qué le pedirían un intermediario, si tenían como intermediarios a los propios ejecutivos de Pfizer en la Argentina? Vaquer trató de despejar cualquier sospecha sobre sobornos o coimas, porque ese es un tema demasiado sensible, casi tabú, en los Estados Unidos. La ley norteamericana les prohíbe a sus empresas pagar sobornos en el extranjero; pueden ser multadas con cifras multimillonarios si lo hacen.
La predisposición del Gobierno a no firmar con Pfizer se explica en la incorporación de la palabra “negligencia” en la ley de inmunidad para los laboratorios. La inmunidad quedaría sin efecto, según la ley argentina, si hubiere “negligencia” de parte de los laboratorios. Negligencia es una palabra que puede tener graves consecuencias en los tribunales norteamericanos, que es donde se debatirá cualquier juicio. Esa palabra no estaba en el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso, pero fue incorporada por la diputada Cecilia Moreau, según las actas de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. El oficialismo dice que la incorporó para buscar el consenso porque la diputada opositora Graciela Ocaña la había pedido. Es falso. Fue Moreau, y no Ocaña, la que habló de la necesidad de incorporar la palabra “negligencia”. De hecho, en esas actas de la Comisión de Salud no se nombra nunca a Ocaña, pero sí se menciona a Moreau y a otros diputados como autores de modificaciones al proyecto del Ejecutivo. Ahora bien, ¿es culpa de Cecilia Moreau? Una ley tan sensible, que aseguraba nada menos que la vacunación de los argentinos (la ley de inmunidad fue pedida por todos los laboratorios), no podía ser modificada sin la autorización del Gobierno. O sin el pedido de este. Si no fuera así, estaríamos ante un oficialismo integrado por librepensadores, una idea inadmisible para cualquier expresión del peronismo. Ya sea porque el Ministerio de Salud se lo pidió o porque lo dejó pasar, lo cierto es que los funcionarios sanitarios son más culpables que Moreau de lo que sucedió con la ley, que es, según Vaquer, el principal obstáculo para que los argentinos no puedan acceder a la vacuna Pfizer. Vaquer señaló que 116 países aceptaron las condiciones de Pfizer, que se estipularon, señaló, porque el laboratorio había investigado en pocos meses lo que en la historia le llevó más de una década hacerlo. Estaban (y estamos) ante un hecho nuevo en la historia de la medicina y de la ciencia. El rumor de que Pfizer pidió los Glaciares o las Cataratas del Iguazú como garantía para entregar las vacunas es una versión ridícula que el kirchnerismo se ocupó de que circulara para limpiarse las culpas. Vaquer la desmintió ayer, obviamente.
El gobierno sabía de antemano que la palabra negligencia obturaría el eventual acuerdo con Pfizer, según lo deslizó ayer el propio Vaquer. Este laboratorio no participó del proceso legislativo de aprobación de la ley, participación que suele ser habitual cuando se trata de los que pidieron ese instrumento. Eran momentos de esplendor de los acuerdos con AstraZeneca, que no pudo cumplir luego con sus compromisos por las demoras en el proceso de investigación y desarrollo de su vacuna. Después, aparecieron las vacunas de Rusia, Sputnik V, y de China, Sinopharm y Sinovac. Cristina Kirchner se ufanaría más tarde porque Rusia y China están vacunando a los argentinos. A todo esto, los argentinos que pueden viajan a los Estados Unidos para vacunarse con Pfizer, Moderna o Janssen, de Johnson y Johnson, que son las que más confianza despiertan en el mundo (y también en los argentinos). La Argentina no firmó aún ningún acuerdo con esos tres laboratorios norteamericanos. ¿Casualidad? Improbable. Ya lo dijo la jefa política del peronismo gobernante: todo tiene que ver con todo.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/
