La imposibilidad de construir acuerdos sobre el dictado de clases presenciales en el ámbito geográfico del AMBA, originó una escalada política que culminó en la judicialización del decreto DNU 241/2021 dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional.
La Corte Suprema de Justicia dictó su sentencia y desde allí, hemos asistido, absortos, a una incalificable sucesión de improperios, descalificaciones, amenazas e imputaciones cuestionando el fallo, expresiones que debilitan el sistema institucional en el que los argentinos hemos elegido vivir.
La idea primigenia de república se centra en la división de poderes y el respeto al funcionamiento libre e independiente de los mismos; así como el control reciproco entre ellos. La Justicia, por lo tanto, merece y debe ser respetada y acatada dentro del marco que nos imponen las leyes y sus aplicaciones a la vida cotidiana.
Las palabras emitidas por el Presidente de la República, seguidas de expresiones similares por la Vicepresidente, ministros y altos funcionarios, denostando a la Corte, imputándole parcialidad política y amenazando con ignorar el fallo en cuestión, nos colocan en un estadio institucional de extrema gravedad. Si quienes están obligados a conducir con el ejemplo, nos indican que las sentencias de máximo Tribunal pueden eludirse, ya nada queda como concepto de administración de Justicia y nos retrotraen a los años más oscuros de nuestra formación institucional, en donde la fuerza y el caudillismo constituían la razón de quienes gobernaban.
En plena pandemia, rodeados de enfermos y muertos y sumergidos en un mar de incertidumbre, asistir a un rosario de conceptos agraviantes hacia la Corte Suprema, genera más angustia y más desasosiego; si el Presidente y sus colaboradores más cercanos descalifican de manera grosera al máximo órgano del Poder Judicial, dejan al ciudadano común en una situación de grave vacío legal y desconcierto sobre los límites y derechos de cada uno de nosotros.
El concepto de «golpe blando» o frases similares, proveniente de los más altos funcionarios públicos de la Nación estremece y pone al país en vilo, justamente cuando necesitamos prudencia y tranquilidad en la sociedad, conducción, dialogo, consensos y soluciones a los gravísimos problemas que enfrentamos.
Quitar del discurso público la división permanente del «ellos» o «nosotros», debe ser para todos, un imperativo de conducta, ensanchar la grieta solo nos debilita como sociedad, nos aleja y nos asoma peligrosamente a lugares a los que nadie quiere llegar.
Judicializar la política es siempre un fracaso de la misma, ahora cuando la Justicia se expresa y dicta su fallo sólo queda la obligación de acatarla, respetarla y cumplirla, al menos para quienes soñamos vivir bajo el imperio de la Constitución Nacional.
