Por Joaquín Morales Solá.- Es como un huracán: donde toca deja devastación y muerte. Y ahora está tocando este país. La comparación del huracán con la segunda ola del Covid-19 corresponde a uno de los infectólogos que mejor sigue la pandemia en el mundo y en la Argentina. Gran parte de la comunidad científica supone que el día en que hay 20.000 contagiados en el país, en realidad son no menos de 60.000. La falta de testeos masivos encubre los asintomáticos y a los que tienen síntomas muy leves, pero que igualmente contagian. Es el eterno vicio de un país al que le gusta esconder la información básica de su situación económica, social y sanitaria. La segunda ola podría detenerse (o menguarse, al menos) con más testeos y con el aislamiento de todos los contagiados, no solo de los que están explícitamente enfermos. Pero eso significaría sincerar todas las variables de la salud pública. Mejor que no se vea.
Sin embargo, la situación es dramática. Expresiones inmejorables del Gobierno señalaron que la nueva marea de contagios dejó al Presidente en estado de shock. Confiaba en un repunte menos violento de los contagios. Era magia, no ciencia. “Nunca imaginó que otra vez el sistema sanitario estaría muy cerca del colapso. Y eso sucederá dentro de poco si la curva de contagios no deja de crecer”, dijo un ministro con acceso diario al jefe del Estado. El temperamento volcánico y calentón le surge a Alberto Fernández cuando se siente acorralado. Llamarles “imbéciles” y “miserables” a sus opositores fue una clase magistral de cómo no debe actuar un presidente de la Nación. Lenguas sueltas hay en todos lados, pero el Presidente es la única persona que no tiene derecho a usarla. “Se enojó por algunas declaraciones aisladas de opositores, pero ya venía harto con el documento de Juntos por el Cambio”, contaron a su lado.
Como de costumbre, cambió los datos de lugar y sacó conclusiones inexactas. La oposición se había pronunciado antes de que se tomaran las nuevas medidas restrictivas; se manifestó a favor de respetar en lo posible las libertades, y se quejó por las decisiones ventajeras de funcionarios y legisladores oficialistas que proponen cambiar el calendario electoral. Un calendario que, vale la pena consignarlo, tiene un primer plazo que vencerá el próximo 27 de abril, cuando deberá estar terminado el padrón provisorio. Faltan solo 17 días para que comience a moverse el reloj de las próximas elecciones y el oficialismo (o el kirchnerismo más el massismo, por ahora) no cesa de intentar postergar los comicios de distintas maneras. La democracia tambalea cuando se cambian las reglas del juego en el momento en que está por empezar el partido. La oposición criticó esas actitudes, no las posteriores restricciones, que fueron atenuadas mientras los funcionarios las escribían.
El arrebato y la confrontación sucedieron cuando todos se dieron cuenta de que aquel huracán tocaba a la sociedad argentina, y que la administración hizo muy poco para prever y atenuar la tragedia. Menos del 2 por ciento de los argentinos está vacunado, si se analizan los datos de los que recibieron las dos dosis, que es la cantidad que puede ser realmente efectiva. Los datos deben mirarse también de esta manera: falta vacunar a 10 millones de argentinos que pertenecen a los grupos de riesgo; es decir, al segmento etario de mayores de 60 años o de menos de esa edad pero con enfermedades prevalentes. A principios de febrero, el Presidente les aseguró a sus íntimos que antes del 31 de marzo estarían vacunadas las 13 millones de personas que forman parte de esos grupos de riesgo. Entre los que recibieron la primera dosis y la segunda, ahora están vacunados solo 3 millones de argentinos que integran tales categorías. ¿Qué pasó con la vacuna de los 10 millones restantes? ¿Por qué los funcionarios sanitarios le informan tan mal al jefe del Estado? ¿Por qué lo indujeron tantas veces al error en la comunicación? ¿Por qué el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sigue con la pésima costumbre de hablar con datos falsos de otros países, como sucedió hace pocos días con Chile y la vacuna Pfizer?
Podrá decirse que la vacuna Sputnik V no está entre las mejores del mundo, pero a estas alturas los argentinos deberían levantarle un monumento al sátrapa ruso Vladimir Putin. Siempre será mejor una vacuna modesta antes que ninguna vacuna. El Gobierno se entusiasmó al principio con el acuerdo que había firmado con AstraZeneca y su socio local, el empresario farmacéutico Hugo Sigman. Sigman cobró en agosto pasado, según la oposición, el 60 por ciento del total del contrato. Es evidente que existió de parte de la conducción sanitaria de Ginés González García la decisión de dejarle a Sigman un espacio más amplio para instalar la vacuna de AstraZeneca en el país. Un obstáculo inesperado apareció cuando AstraZeneca tropezó con varios problemas en el proceso de investigación de su vacuna y la distribución se demoró. La autoridad europea de medicamentos (EMA) recomendó finalmente la vacuna, aunque admitió que existe un vínculo entre ese inmunizador y casos aislados de trombosis. Afectan, por lo general, a mujeres menores de 30 años.
La polémica local está en saber por qué la Argentina no tiene acceso, como muchos países de América latina, a la vacuna Pfizer, que está entre las mejores del mundo. Con ella se vacunó a gran parte de los norteamericanos y a más de la mitad de la sociedad israelí. A diferencia del resto del mundo, Israel está a punto de declarar el estado de pospandemia y de levantar la obligación de llevar barbijo en los espacios abiertos. En la Argentina, Pfizer tuvo un lote importante de voluntarios (más de 6000) que podría haberle dado cierta prioridad en la provisión de vacunas. “Pfizer pide condiciones inaceptables”, dijo González García en su momento, cuando ya había firmado el contrato con los representantes locales de AstraZeneca. Después, redujo esa grave descripción del conflicto a una sola palabra: se había agregado en el Congreso que la inmunidad de las farmacéuticas no tendría vigencia en caso de “negligencia”, palabra que Pfizer cuestionó.
El oficialismo hizo correr la voz de que esa palabra había sido incorporada por la diputada opositora Graciela Ocaña. Falso. El kirchnerismo no necesitaba de la oposición para aprobar esa ley de inmunidad para los laboratorios; le sobraban votos con los aliados habituales o circunstanciales. Como escribió el periodista Hugo Alconada Mon, la autora de ese agregado fue la diputada oficialista Cecilia Moreau, según los archivos fílmicos de los debates de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados a los que tuvo acceso este periodista. Moreau puede proponer cualquier cosa, pero ¿dónde estaban Máximo Kirchner, presidente del bloque oficialista, y Sergio Massa, el titular de la Cámara? ¿Dónde, si son ellos los responsables de cuidarles las espaldas al Gobierno, sobre todo cuando se trata de textos de leyes tan sensibles? Y si lo consultaron con el Gobierno, los funcionarios que aceptaron la modificación no sabían lo que hacían o estaban protegiendo otras cosas. Cecilia Moreau tiene una vieja relación política y profesional con el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Fue del gobierno de la provincia de Buenos Aires de donde surgió, precisamente, la idea de recurrir a la vacuna rusa. Apareció, entonces, otro factor que influyó en las vacunas: las preferencias del kirchnerismo para sus alianzas internacionales. Cristina lo dijo públicamente: ella está contenta porque los argentinos se vacunan con los productos chinos y rusos. ¿Están contentos los argentinos? Esa es una pregunta que la vicepresidenta no suele hacerse.
Así, atrapado por intereses económicos o ideológicos, el país se metió en el ojo del huracán. Solo una obstinada disciplina social podría salvarlo ahora de la devastación y la muerte.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/
