Este martes por la mañana, en el Centro Integrador Comunitario, Gabriel Cáceres, secretario de Desarrollo Humano y Salud de la Municipalidad, encabezó la presentación de un relevamiento social de políticas alimentarias que lleva adelante el Municipio. Con números precisos y acciones concretas a realizar, el funcionario expuso la situación de los rafaelinos que reciben la ayuda del Estado y denunció roces políticos que podrían afectar esta asistencia en el corto plazo. Estuvo acompañado por Germán Bottero (secretario de Gobierno y Modernización) e Iván Viotti (secretario privado de Intendencia y Comunicación).
El funcionario municipal explicó que el sistema de compra directa de alimentos frescos y secos, mecanismo utilizado por el Municipio desde 2018 para agilizar la asistencia y evitar demoras de hasta dos meses que implican las licitaciones, venció el pasado 30 de junio. La prórroga solicitada por el Ejecutivo busca garantizar la provisión de viandas en los comedores de San Agustín, Barranquitas y 2 de Abril, así como el refuerzo alimentario que se entrega en la oficina de Santos Vega, mientras se completa un relevamiento social destinado a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y asegurar que lleguen a quienes más lo necesitan.
“Compra directa es una metodología de compra que asegura la rapidez del proceso, pero que no le quita transparencia, porque se hace sobre cerrado, presentación diferente, pero se elige mejor precio, con testigos. Es un proceso más ágil de compra, no menos transparente. La licitación, que es el otro mecanismo, es un mecanismo que también guarda ciertas reglas, pero que tiene un proceso muy largo de un promedio de dos meses, dos meses y medio, en el cual se establecen unos criterios mucho más amplios que administrativamente cuesta más”, desarrolló Cáceres.
Siguiendo su explicación, el funcionario hizo énfasis en la necesidad de entender la situación e hizo un llamado a la reflexión no solamente a los ciudadanos sino también a todos los políticos. “Lo que necesitamos es que la población entienda que no tiene que ver con falta de dinero, con una decisión del Intendente o de este secretario, sino que tiene que ver con una limitación en la posibilidad de comprar por un acto administrativo”, explicó. Y agregó: “Esto es un llamado a la reflexión, estamos hablando de comida, estamos hablando del sector más vulnerable de nuestra sociedad. Aunque nos duela muchas veces, tenemos que entender de que en Rafaela hay mucha gente que necesita la ayuda del Estado, y no es como por ahí se piensa que es gente que tiene posibilidades y no trabaja, hay gente que tiene enfermedades crónicas, hay gente jubilada que gana la mínima, un gran porcentaje, casi la mitad, son menores de edad, o personas con certificado único de discapacidad. Esas personas no tienen ninguna otra herramienta de una garantía llegada al alimento que no sea a través de estas herramientas del estado, por lo cual lo que instamos es a la sensibilización de la parte política, que no le podemos dar la espalda a los rafaelinos que más lo necesitan”.
Los números concretos del relevamiento
Según Cáceres, en el caso del refuerzo alimentario que se entrega en la oficina de Santos Vega, el dispositivo beneficia a unas 5.000 familias, con un promedio de 30.000 bolsones entregados en los últimos seis meses. Este esquema está pensado para personas que atraviesan situaciones imprevistas, como la pérdida temporal de ingresos por problemas de salud o falta de trabajo, y su padrón varía mes a mes. “Es una población móvil: hay quienes vuelven a trabajar y dejan de recibir la ayuda, pero también quienes, por una emergencia, necesitan acceder por primera vez”, señaló el Secretario.
Respecto a los comedores comunitarios, el relevamiento hasta el momento, realizado en los comedores de barrio Barranquitas y 2 de Abril, indicó que se entregan en promedio 15.000 viandas mensuales, lo que representa la asistencia a 3.500 familias. En total, se registraron hasta el momento 750 familias beneficiarias, con un promedio de 3,6 integrantes cada una, alcanzando a 2.800 personas. “El 43% de los beneficiarios son menores de edad; también tenemos 300 jubilados, 100 personas con discapacidad y 100 familias con más de seis integrantes. Son cifras que muestran la magnitud del trabajo que realiza el Estado para llegar a quienes más lo necesitan”, destacó Cáceres.
