Las elecciones del 30 de octubre de 1983, fueron el hito que significó el retorno a la democracia. Atrás quedaban los años oscuros de la dictadura. La transición adquirió un carácter diferente al de otros países latinoamericanos, en algunos casos estas fueron precedidas y acompañadas por acuerdos entre los regímenes autoritarios y las fuerzas democráticas emergentes. Fueron procesos lentos, condicionados por el poder militar, pero también se caracterizaron por acuerdos entre los partidos políticos, que les permitieron cooperar en la negociación con los uniformados y en las reformas institucionales. Fueron los casos de Brasil, Chile y Uruguay. En nuestro país la derrota en Malvinas provocó una transición por colapso o derrumbe, en la que los militares no lograron imponer condiciones a los civiles, pero estos no consiguieron unificar criterios y acordar líneas de acción.
La derrota en Malvinas supuso una oportunidad importante para el cambio y significó el fracaso del Proceso en todos los frentes, a la vez una división de las Fuerzas Armadas. El general Reynaldo Bignone fue electo presidente, pero la Marina y la Aeronáutica se retiraron de la Junta Militar.
Pero sobre todo, la cúpula militar debió enfrentarse a una sociedad que después de muchos años de ceguera, se enteraba de la existencia de numerosos enterramientos de personas desaparecidas, víctimas de la represión y la existencia de centros clandestinos de detención. Una historia trágica de la que hasta entonces pocos habían querido enterarse.
Después de un largo letargo, la Argentina despertaba y encontraba nueva resonancia en voces que nunca se habían acallado, como las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y muy especialmente la Madres de Plaza de Mayo.
Al final del Gobierno militar, nuevos sectores comenzaron a hacerse escuchar, como las comisiones vecinales, que reclamaban por el encarecimiento de los impuestos, los alquileres y los artículos de primera necesidad: Los sindicatos emergieron del silencio condicionado por el régimen y reaparecieron los conflictos y las huelgas en demanda de aumentos salariales y de la normalización de los gremios intervenidos. Todos estos movimientos pusieron en evidencia la grave situación económica; otro de los legados del período de la dictadura.
Debido a su extrema precariedad y la imposibilidad de lograr apoyos partidarios, el Gobierno buscó atraer a los sectores sindicales y empresariales; esto requería políticas expansivas de la actividad y el consumo y la liquidación de los pasivos de las empresas.
Domingo Cavallo, al frente del Banco Central, fijó tasas negativas y creó un seguro de cambio actualizado con retraso en relación a las devaluaciones; ambos mecanismos permitieron que las empresas le cargaran sus pasivos al fisco. Se aprobaron alzas de salarios por encima de la inflación y se liberaron fondos para concluir numerosas obras, que Bignone inauguró eufórico. Estos despilfarros y una abultada deuda externa, resultaron una pesada herencia para el Gobierno democrático.
Los partidos políticos fueron delineando, en algunas ocasiones en forma confusa; su posición respecto al pasado de la dictadura y los proyectos futuros que permitirían reinsertar al país en la democracia. Las posibilidades de negociación entre ellos fueron muy acotadas. La Multipartidaria se limitó a negociar con el régimen las condiciones y tiempo de una salida electoral. La Junta se recompuso y exigió a los partidos una negociación que tenía como objetivo garantizar que no se revisara la represión.
Este tema provocó un debate interno en los partidos políticos, un sector numeroso creía conveniente aceptar la propuesta del ejército; permitir que estos resolvieran la cuestión de los desaparecidos, dando la información necesaria y crear un marco legal que impidiera escarbar en el pasado, lo que implicaba «dejar la cuestión atrás». A esta visión se contrapusieron los grupos más progresistas, que junto a la organizaciones de Derechos Humanos, vieron en el colapso militar la oportunidad para un cambio profundo en las relaciones entre los uniformados y los civiles, y la cuestión de los Derechos Humanos sería la pieza clave para operar dicho cambio. Quien asumió en todas sus consecuencias políticas este diagnóstico y esta oportunidad para innovar fue Raúl Alfonsín.
El Gobierno militar avanzó con sus planes; en noviembre de 1982, la Junta comunicó sus «Instrucciones para la concertación», incluyendo un listado de 16 temas que los partidos debían acordar. Estos no sólo rechazaron la oferta, sino que abandonando su pasividad convocaron a una movilización (Alfonsín lideró esta postura), que llegó a reunir en diciembre de l982 a 80.000 personas, el Gobierno intentó reprimir, agravando la situación. La Multipartidaria emitió un documento y rechazó todo continuismo y condicionamiento a las futuras autoridades.
La Junta tuvo que convocar a elecciones.
Antes del acto electoral, se envió un radiograma secreto a todas las unidades militares para que destruyeran documentación y testimonios vinculados con la represión ilegal y se promulgó la llamada «Ley de Pacificación», (conocida como «autoamnistía») que declaraba prescriptos todos los delitos ligados con la represión.
La politización de la sociedad se dinamizó en las campañas de afiliación, que permitieron a los dos grandes partidos, la UCR y el PJ una masiva captación de adherentes. Según un investigador, uno de cada tres electores pertenecía a un partido. El PJ utilizando las tradicionales estructuras y el aparato sindical sumó 3.500.000 de afiliados, el radicalismo logró 1.400.000 afiliados.
La movilización cívica se manifestó con la presencia masiva y espontánea del público en los actos partidarios, en todas las poblaciones del país. Los actos de cierre de campaña de ambos partidos reunieron alrededor de un millón de personas La competencia electoral quedó planteada entre los dos partidos tradicionales: La Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista.
En las elecciones internas de la UCR, el Movimiento de Renovación y Cambio, liderado por Raúl Alfonsín, derrotó ampliamente a los balbinistas, cuyo candidato era De la Rúa.
Su propuesta de renovación mereció el apoyo de amplios sectores de la clase media y contó con el entusiasmo de los jóvenes y de todos aquellos que deseaban que la primavera democrática que se abría les permitiera hacer sus vidas en un mundo más civilizado y acogedor.
Para su proyecto buscó el respaldo y guía de la social democracia europea y los partidos democráticos y reformistas de la región.
El recitado del preámbulo de la Constitución, la exaltación de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, frente al autoritarismo y la promesa de que la democracia repararía las desigualdades nacidas en los largos años de «ajuste» y fracaso económico, constituyeron la estrategia de su discurso.
La campaña de Alfonsín giró en torno a dos ejes: el primero los Derechos Humanos y el segundo la identificación del peronismo con las corporaciones que la democracia debía reformar para garantizar su estabilidad. En abril de l983 lanzó su apuesta más arriesgada, denunció un pacto militar-sindical.
El peronismo había perdido su líder histórico y carecía de reglas para reorganizarse. El incipiente sector renovador, los llamados «antiverticalistas», fueron rápidamente superados por los viejos caudillos sindicales. El dirigente metalúrgico, Lorenzo Miguel, gracias a su control de las afiliaciones llegó a conducir el partido. Detrás de él fueron ganando espacios caudillos sindicales de trayectoria poco clara como Herminio Iglesias, integrante de un sector de extrema derecha, que logró la candidatura a gobernador de Buenos Aires. Esta situación tuvo correlación en las provincias; la mayoría de los candidatos fueron designados por los sindicatos. El candidato a presidente Italo Luder, era un prestigioso jurista, pero escaso de poder en el partido, en los últimos días de campaña se declaró resignado ante la aprobación de la «ley de autoamnistía». Su discurso moderado contrastó con violenta quema de un ataúd con el símbolo de la UCR, que realizó Herminio Iglesias, en el acto de cierre de campaña.
El triunfo de Alfonsín en las elecciones del 30 de octubre de l983, fue rotundo, obtuvo el 52% de los votos contra el 40% de Luder, era la primera derrota electoral del peronismo. Considerados por distritos, los resultados fueron bastante desiguales, y por lo tanto lo sería también el reparto del poder. En la Capital Federal y las principales provincias (siete en total) el triunfo del radicalismo fue holgado, pero en la mayoría de las provincias, sobre todo las más pobres y chicas había triunfado el peronismo. Esto le daba el control no sólo de esas gobernaciones sino del Senado, lo que determinó la fragilidad del futuro Gobierno radical.
El 10 de diciembre de l983, asumió la presidencia Alfonsín, acompañado por el fervor popular. Era el fin de largos y tristes años de dictadura. Este acontecimiento, significó un factor movilizante, en el proceso democratizador de otros países de América Latina.
La sociedad, adhirió con entusiasmo y alegría a una democracia que entendía como la primacía de la civilidad. Por un momento se olvidó de cuántos problemas quedaban pendientes y qué poco margen de maniobra tenía el nuevo Gobierno.
Colaboración del Centro de Estudios e Investigaciones Históricas de Rafaela. Autoras: profesoras Elena Benedetto de Giaveno y Stella Maris Colla de Scarcella.
Fuente: diario La Opinión, Rafaela, 30 de octubre de 2008.
