El proyecto de ambos bloques establece que ante la falta de silenciador, alteración en violación a las normas, salida directa de los gases de escape e instalación indebida de interruptor del silenciador, el titular del rodado deberá disponer su recambio o inclusión por un caño de escape reglamentario, condición indispensable para retirar el vehículo de las dependencias municipales, debiendo pagar una multa de 7 a 30 unidades.