Una evaluación periódica que identifique cómo se benefician los ciudadanos de la acción judicial mejoraría la calidad del sistema. Permitiría conocer el impacto de sus acciones y políticas, promover un mejor desempeño de los funcionarios, asignar más eficientemente los recursos, mejorar la recolección de información y la capacidad para comunicar e informar la toma de decisiones y la toma de posiciones de las personas.

Por Natalia Aquilino (Buenos Aires)